Esclavitud siglo XXI

La esclavitud no ha desaparecido. La trata de personas se define como un delito que consiste en el secuestro, el traslado o la acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia u otros mecanismos coercitivos (estafa, abuso de una posición dominante, etc.).

También sabemos que la vida cotidiana de estas personas es en muchos casos más grave que la antigua esclavitud. Al engaño en la captación hay que añadir muy frecuentemente los malos tratos y las inhumanas condiciones de vida, así como la pérdida de libertad; pues no es raro que vivan encerradas, hacinadas y privadas de documentación, lo que las hace irrelevantes para la sociedad.

Las fosas comunes son en muchos casos testigos finales de este flagelo.

El tráfico de personas, favorecido por una sociedad materialista y economicista, que disfrazada bajo la palabra progreso ha olvidado el carácter sagrado y la dignidad de la persona humana, es una de las más escandalosas formas de reducción del ser humano a pura mercancía.

Este comercio infame de gente con raíces en la esclavitud, aquello en teoría ya superado, es práctica cotidiana en nuestros tiempos, donde lamentablemente nuestro país tiene el ingrato papel de no solo ser lugar de origen y destino, sino de captación y traslado de personas: niños, jóvenes y adultos tanto para el comercio sexual, como para talleres de trabajo esclavo, trabajo en las zafras, minería, servicio doméstico servil, la mendicidad forzada o el infame tráfico de órganos.

Hasta hace no mucho, esta actividad pasaba desapercibida para la sociedad, ya que las víctimas se encontraban en los estratos sociales bajos, que no tenían relevancia para los medios. Hoy en día, dos elementos han incidido para que esta práctica sea detectada, gracias a la aparición de las redes sociales, y la emergencia de casos que afectan a familias del grupo de profesionales, capaces de generar una demanda mucho más fuerte que la que pueden hacer las personas de escasos recursos y menor formación.

Un caso que ha tenido en vilo a la opinión pública desde hace cuatro años, es el de la desaparición de Zarlet Clavijo, una adolescente de 16 años cuya referencia se perdió luego de salir de la oficina de su madre, Marcela Martínez, con rumbo a su domicilio en la ciudad de La Paz.

No hay manera de desviar la atención de los antecedentes de este desventurado caso, ya que se anota la captura del entonces dirigente cocalero Juan Cruz Maquera cuando pretendía cobrar 15.000 dólares a la familia de la joven para gestionar su liberación de los tratantes que la tenían cautiva; y que fue procesado, según versión de Martínez, por uso indebido de bienes del Estado, y no por trata y tráfico de personas, debido a que cuando recogió el dinero que les exigió usaba un vehículo oficial.

Ahora sucede, hace pocos días, que otro implicado a cuyo nombre se encuentra el celular que se utilizó para extorsionar a Martínez, fue aprehendido gracias al seguimiento de la madre; pero luego liberado ya que el caso Zarlet se encuentra cerrado.

Entonces, a la interminable lista de desgracias que produce el tráfico y trata de personas, se suma, pero no de manera lateral, sino totalmente cómplice y comprometida la justicia boliviana, que parece haber hecho pacto con el diablo para sacar fruto de sus fechorías.